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Polémica propuesta del partido laborista británico, efectuada en el entorno de las elecciones generales convocadas para el cercano 12 diciembre, altamente influenciadas por el derroche de incertidumbre que envuelve al Brexit.

Como parte de su programa nacional de renacionalizaciones, que incluye a las redes de electricidad, gas y agua, así como los servicios de correos y las infraestructuras de ferrocarril, el partido dirigido por Jeremy Corbin ha propuesto poner bajo control público la escasa red de fibra óptica existente en UK.

El plan del partido laborista abarca la estatalización de la Openreach, la filial de British Telecom (BT) que gestiona la separación funcional de sus infraestructuras y que posee la práctica totalidad de la fibra desplegada en las islas, y parte de las filiales BT Technology, BT Enterprise y BT Consumer. En la práctica, la maniobra supondría dejar en BT sólo el negocio comercial y las filiales extranjeras, pasando toda la gestión de sus redes a manos públicas.

La medida viene acompañada de la promesa ofrecer conexiones de fibra completamente gratuitas para toda la ciudadanía británica en 2030.

El partido de izquierdas justifica sus propuestas en la ridícula calidad de las conexiones británicas (en pleno 2019, la fibra óptica no alcanza ni al 10% de las líneas de banda ancha) y en su elevado precio (de unos 36 euros mensuales). El coste de la medida podría superar los 20.000 millones de libras (15.000 por la renacionalización y otros 5.000 en costes puros de despliegue de fibra; alrededor de 23.3000 millones de euros al cambio). Curiosamente, la estatalización de una parte de BT valdría casi lo mismo que el valor de la compañía en términos bursátiles.

La financiación de ambas medias vendría por dos caminos: imponiendo nuevos impuestos a las tecnológicas y a través del alquiler de la nueva red a los operadores interesados en servirse de ella.

En el terreno laboral, el partido laborista afirma que “todos los trabajadores actuales en infraestructura de banda ancha y servicios minoristas de banda ancha tendrán trabajos garantizados en la nueva entidad pública y se les garantizarán los mismos o mejores términos y condiciones”.

Como cabía esperar, la propuesta ha recibido múltiples críticas. Desde las que tachan la medida de leninista o marxista, hasta las realizadas por el Partido Conservador, que la califican como una “chifladura”. No obstante, cabe señalar que el mismo Partido Conservador había prometido la construcción de una red de fibra óptica que llegaría a todos los rincones del país en 2025, aunque no tardó en echarse atrás, en vista de las evidencias que tasaban en, como mínimo, 2033 como la fecha más factible.

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